Por que el presidente de Ecuador enfrenta un juicio politico
QUITO, Ecuador — El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, asediado por la oposicion parlamentaria, sin aliados y con bajos niveles de popularidad, se enfrenta a un juicio politico y posible destitucion en la Asamblea Nacional, que lo acusa de malversacion de fondos publicos.
La Corte Constitucional dio via libre al proceso tras aprobar un requerimiento de juicio planteado por la mayoria opositora de la Asamblea que por segunda ocasion intenta poner fin al mandato presidencial de Lasso que comenzo en mayo de 2021.
La Secretaria de Comunicacion de la Presidencia rechazo la decision del tribunal pero advirtio que el gobierno respeta el dictamen de admision del juicio, lo que “de ninguna manera valida los argumentos planteados” por el Legislativo.
A continuacion, AP explica la acusacion contra Lasso y las claves del proceso.
Los asambleistas responsabilizan al mandatario por el funcionamiento de una estructura de corrupcion que se habria apropiado de fondos publicos a traves de contratos de la empresa publica Flota Petrolera Ecuatoriana con la compañia Amazonas Tanker.
De acuerdo con un examen de la Contraloria, esos contratos eran perjudiciales para las arcas fiscales, a pesar de lo cual el coordinador de las empresas publicas renovo un contrato de prestacion de servicios con el presunto beneplacito de Lasso, quien tampoco se opuso al despido de un funcionario que habia recomendado terminar esos contratos.
Para la formulacion de las acusaciones y el pedido de juicio se unieron los opositores liderados por la mayor bancada de la Asamblea, el partido Union por la Esperanza del expresidente Rafael Correa (2007-2027), al que se sumaron el Partido Social Cristiano, de derecha, y disidentes de la Izquierda Democratica y del partido del movimiento indigena Pachakutik.
Aun no se ha definido quienes seran los interpelantes que actuaran en el juicio politico.
El primer paso es la notificacion formal por parte de la Corte Constitucional al presidente de la Asamblea , quien tendra tres dias para enviarla al Consejo de Administracion Legislativa, que decide que proyectos o iniciativas pasan o no a tramite, donde Lasso carece de mayoria.
Si esa instancia da el visto bueno pasara a la Comision de Fiscalizacion de la Asamblea, que cuenta con 10 dias para que el mandatario ejerza su derecho a la defensa, otro plazo similar para la presentacion de pruebas de ambas partes y otros 10 dias para la elaboracion de un informe final.
Lo firmo el presidente Guillermo Lasso.
Tras ello, el presidente de la Asamblea contara con cinco dias para convocar al Pleno y abordar la parte final del enjuiciamiento politico, con debate y votacion.
Para que Lasso sea destituido se necesitan 92 votos de los 137 legisladores.
Si, el enjuiciamiento politico va por cuerda separada respecto de cualquier procesamiento o investigacion penal.
El presidente Lasso enfrenta el juicio politico por un presunto delito de peculado, cuyo proceso penal se encuentra aun en investigacion previa por la Fiscalia. Esta en las fases iniciales y el mandatario no ha sido ni imputado ni acusado ni condenado por la via penal.
El presunto acto delictivo se cometio en 2018, cuando Lasso aun no era presidente, pero el mandatario fue advertido del mismo en una carta del exgerente de la empresa publica involucrada.
De acuerdo con la constitucion, asumiria la presidencia el vicepresidente Alfredo Borrero, de 67 años y medico de profesion, quien llego al poder elegido en binomio con Lasso, un exbanquero de derecha.
En cualquier momento, y sin necesidad de aprobacion de otro organismo del Estado, el presidente Lasso puede activar una figura constitucional de disolucion del Legislativo, conocida como muerte cruzada, que le permitiria gobernar por decreto hasta por seis meses hasta que deba convocar a nuevas elecciones presidenciales y de legisladores.
En ese lapso podria postularse a la reeleccion del cargo.
En junio de 2022 la oposicion no alcanzo los 92 votos necesarios para aprobar el juicio politico a Lasso tras una prolongada huelga indigena en reclamo por una reduccion del precio de los combustibles que derivo en violentas protestas.
Durante mas de tres semanas, el pais quedo virtualmente paralizado por los bloqueos de vias por parte de los indigenas. La paralizacion dejo un saldo de $1,200 millones en perdidas, $800 millones correspondientes al sector privado.